Resumen: Ingreso mínimo vital (IMV). Falta de contradicción.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que en instancia desestima el recurso contra el listado de bolsa de empleo temporal para un servicio de salud. Consultado el listado de centros hospitalarios concertados con la Consejería de Salud en la totalidad de su cartera de servicios, no figura el Centro privado invocado en el recurso por lo que no puede ser considerado como un centro concertado. Dicho centro sólo puede considerarse integrado en el sistema sanitario público en el periodo excepcional de uno de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 en virtud de lo dispuesto en las resoluciones excepcionales dictadas con motivo de la pandemia del covid-19, con las repercusiones correspondientes en cuanto a la puntuación por servicios prestados en centros públicos.
Resumen: Ejercitada acción de resolución de contrato de arrendamiento de industria (estación de servicio) por impago de rentas por juicio ordinario, el Juez de Instancia en sentencia desestima la demanda porque debió ser encauzado por un juicio de desahucio. Dicha decisión no se ajusta a las normas procesales porque debió ser tratada y resuelta en la audiencia previa. Además no es acertada, porque no estando ante un arriendo de finca urbana o rustica, la resolución de tal contrato ha de ventilarse por el procedimiento ordinario. Por ser arrendamiento de industria y juicio pertinente, no cabe el instituto de la enervación de las rentas. Las partes pactaron como causa de resolución el adeudamiento de dos mensualidades de renta que cuando se presenta la demanda se adeudan. Cuestión diversa es el importe de tales rentas al haber un negocio simulado para reducir el importe de rentas que debe ser de aplicado entre las partes y de cuya existencia se ordena dar cuenta a la Agencia Tributaria.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
